San José, 3 may (EFE).- El discurso de odio contra las personas de la comunidad LGBTI está “presente” en Latinoamérica y está tomando formas sutiles de supuestas campañas de información, ante lo que los Estados están obligados a divulgar aclaraciones, afirmó hoy la relatora especial de la CIDH, Mariel Ortega.
“Este es un asunto presente, muy fuerte, y toma formas bastante sutiles. Hay discursos de desinformación frente a posibles reconocimientos de derechos. Eso se está viendo mucho en la región y preocupa bastante a la Comisión, además de la utilización de la figura de la niñez como un grupo en peligro frente a las personas LGBTI”, declaró Ortega en una entrevista con Efe.

La relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre derechos de las personas LGBTI, explicó que los Estados están en la obligación de emplear buenas prácticas para que la ciudadanía tenga acceso a información veraz sobre este tema.
Ortega puso como ejemplo positivo a Perú, en donde este año el Ministerio de Educación salió al paso de una campaña en contra de una nueva cartilla escolar que promovía el respeto a la identidad de género, orientación sexual y buscaba combatir la discriminación.

La cartilla “generó bastantes fuerzas en contra y se inició una campaña que decía que esta inclusión podría convertir en gay, lesbiana o transexual a los niños. La ministra de Educación salió explicando el contenido y la Comisión señala esto como buena práctica porque los Estados no deben silenciar las voces pero tienen el deber de aclarar, de contrarrestar para evitar estigmas y discriminación”, aseguró la relatora.
Ortega se encuentra en Costa Rica participando en una encuentro latinoamericano de defensores del pueblo, en el que se analizan los avances y retos de la región acerca de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

La relatora dijo que una de las preocupaciones de la CIDH es que en los últimos años han alcanzado puestos de poder grupos conservadores que amenazan con causar retrocesos en materia de derechos humanos de la población LGBTI.
“La CIDH ha resaltado su preocupación fuerte por la presencia de retrocesos debido a empujes de grupos conservadores. Se ha visto en Colombia, Perú, Guatemala y República Dominicana. Muchos grupos conservadores cuando se está discutiendo alguna iniciativa o proyecto, generan presión, desinformación”, aseguró.
Ortega enfatizó en que “los Estados tienen el deber de aclarar para permitir un diálogo más democrático y que no haya desinformación, para que todos tengan acceso a información veraz”.

La relatora recordó que persisten “altas tasas de violencia discriminación y asesinatos” de personas LGBTI en Latinoamérica, así como “gran exclusión, no reconocimiento de sus derechos” y problemas para el acceso a la salud, educación y empleos dignos.
Ortega señaló como uno de los retos la falta de datos oficiales sobre la situación de esta población en la región, lo que no permite tener un panorama claro y obliga a los organismos como la CIDH a basarse en datos recopilados por la sociedad civil.

Según esos datos, en los primeros tres meses de 2017 se han contabilizado al menos 50 asesinatos de personas LGBTI en la región, se calcula que la tasa de esperanza de vida para una mujer transexual en América es de 35 años y sitúan a Brasil como uno de los países con la tasa de asesinatos a esta población más altas del mundo.
“Estas son cifras bastante preocupantes”, apuntó Ortega.
Para la relatora, los países americanos “han avanzado” en el reconocimiento de los derechos a la comunidad LGBTI, pero de manera “muy impar”, pues “hay unos con grandes avances y otros que aún criminalizan a los gais y lesbianas”.
Colombia es reconocido por la CIDH como uno de los países con los mayores avances, al igual que Argentina y Uruguay, que han reconocido el matrimonio igualitario o las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Otros países reconocen derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo como herencias o el seguro social, y han implementado leyes o códigos contra la discriminación, lo que la relatora calificó como “una pequeña ola hacia la regulación”.

Sin embargo, persisten países en el Caribe angloparlante que tienen vigentes leyes de sodomía de la época colonial, que criminalizan y podrían penalizar a las personas por su orientación sexual.
“El argumento de algunos de estos países es que las leyes no son aplicadas, pero la posición de la Comisión ha sido enfática en que solo el hecho de su existencia genera un ambiente de violencia y discriminación y dan pie a que la policía agreda y haga detenciones irregulares aunque luego no se abra un proceso penal”, aseveró Ortega.
Fuente: Red COMFIO