La Defensoría del Pueblo de Andalucía editó la Guía de intervención en procesos de jurisdicción civil relativos a personas con discapacidad derivadas de distintos tipos de problemas psíquicos, que describe los protocolos a seguir en el caso de personas a las que les haya sido decretada judicialmente incapacidad o sean susceptibles de ello, para evitar casos de indefensión o desprotección.

"Apuntamos un dato clarificador sobre la situación de salud mental en el último año: la prevalencia indica que 2,9 personas de cada 10 han sufrido un trastorno mental con la suficiente entidad clínica como para ser diagnosticado", indica el comunicado de prensa que acompañó la presentación del trabajo. "Así, podemos entender la existencia de problemas graves, de distinta intensidad, en personas con distintos tipos de discapacidad relacionados con el funcionamiento psíquico".

"En el caso de Sevilla se han detectado, con relación a las personas que padecen problemas de este tipo de discapacidad, una seria falta de coordinación intersectorial que impedía una adecuada respuesta a muchas de las situaciones planteadas por estas personas. Esto llevó a la Fiscalía de Incapaces y a los Juzgados de Familia a solicitar de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que mediara ante las distintas Administraciones, creándose en el seno de esta Institución un grupo de trabajo para analizar los problemas y presentar soluciones, al que se incorporaron las distintas Administraciones y Entidades con competencias en la materia (Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social y de Salud, Ayuntamiento de Sevilla, Medicina Forense, Fiscalía de Incapaces, Juzgados de Familia y FAISEM)".

"Fruto de este esfuerzo ha sido la creación de esta guía, que incluye tres aspectos claramente diferenciados: un análisis de los problemas y su contextualización, una propuesta de coordinación entre las principales entidades y agentes implicados en la atención a estas personas en los ámbitos relativos a la justicia civil, así como social y sanitario; y, finalmente, un anexo con información referida a las funciones y recursos disponibles desde las diferentes administraciones".

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Con motivo de celebrarse este viernes 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuirá entre los vecinos un folleto de divulgación en el que se brindan algunos consejos para proteger el hábitat que nos rodea en el trabajo y en el hogar.

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La Defensoría del Pueblo de Bolivia editó un estudio titulado Maltrato en las escuelas: Análisis de reglamentos de faltas y sanciones en unidades educativas, que fue presentado el pasado 8 de mayo durante un acto en el que la Defensora del Pueblo en suplencia legal, Dra. Rielma Mencias, hizo entrega del trabajo a representantes del Ministerio de Educación de ese país.

A continuación se enumeran algunas de las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los reglamentos de faltas y sanciones en vigencia aplicados a niños, niñas y adolescentes de las unidades educativas del sistema formal de educación:

1. Los reglamentos de faltas y sanciones vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes del sistema escolar por su enfoque punitivo y sancionador que justifica el castigo, y porque no incentivan la práctica de los valores, el respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

2. Los reglamentos de faltas y sanciones son contrarios a la legislación boliviana en vigencia, porque no respetan la normas de protección a la niñez y adolescencia, al incurrir en violencia y maltrato escolar, afectando profundamente el desarrollo de la personalidad, el rendimiento escolar y la permanencia en el sistema escolar de las y los alumnos.

3. Los reglamentos de faltas y sanciones no son resultado del consenso de la comunidad educativa, por tanto, no recogen el sentir y pensar de las y los estudiantes ni los aportes que puedan dar para su aplicación y seguimiento. Los padres de familia, Juntas Escolares y estudiantes desconocen los Reglamentos en su integridad.

4. Los reglamentos de faltas y sanciones niegan el reconocimiento de la condición de niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos y personas en proceso de desarrollo, al no tomar en cuenta su opinión. La aplicación de castigos la define el docente y/o el regente y en caso de faltas graves, el Director y el Consejo de Maestros, pueden determinar expulsar al alumno sin tomar en cuenta su punto de vista, no hay credibilidad en la palabra de éste ni se toma en cuenta los factores intervinientes en la manifestación de esa conducta.

5. Los reglamentos no responden al contexto socio-económico y cultural en el que viven niños, niñas y adolescentes, negando su identidad cultural.

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