Federación Iberoamericana del Ombudsman

El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

 

Las hermanas Mirabal, llamadas las “mariposas”, por ser este el nombre secreto de Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía Trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina. El 25 de noviembre ha sido la fecha elegida por el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981, para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género.

 

La comunidad internacional no reconoció explícitamente las alarmantes dimensiones de la violencia contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre de 1993, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

Hasta entonces la mayoría de los gobiernos consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares, y no un problema generalizado que afecta y conculca gravemente los derechos humanos y requiere la intervención de los Estados como responsables de la protección, prevención, control, detección y sanción de toda forma de violencia por razones de género.

 

La violencia de género es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad y que atraviesa, sin distinción, todos los niveles económicos, culturales y educativos.

 

Un sin fin de hechos de violencia no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad y es precisamente la propia estructura social quien proporciona legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad. Pero en todas y cada una de sus múltiples formas, la violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento o muerte en cada mujer que la padece. 

 

Las principales manifestaciones de violencia contra la mujer son: las lesiones personales, el homicidio, la violación, el abuso y acoso sexual, la trata de personas, la prostitución, el secuestro, la tortura y las diversas formas de discriminación, es decir toda forma de exclusión o limitación contra la mujer por razón del género, que afecta y menoscaba el reconocimiento y el ejercicio legítimo de sus derechos. La discriminación constituye un atentado al derecho a la igualdad que existe entre mujeres y hombres y un desconocimiento de la equiparación de los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y jurídicos que existen entre ambos.

 

Un caso particularmente dramático de la violencia social, lo constituye la violencia doméstica en sus diferentes expresiones (violencia física, psicológica, sexual o económica) y aunque se sabe que existe habitualmente no se la menciona porque la sociedad no puede admitir que el hogar no sea ese espacio idealizado de afecto y amparo.

 

Estudios e investigaciones realizados por distintos organismos internacionales indican que las situaciones de violencia familiar se concentran en forma especial en las mujeres y aportan datos recogidos a nivel mundial que reflejan que, al menos, una de cada diez mujeres es o ha sido agredida por su pareja.

 

Según la Organización Mundial de la Salud casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, porcentaje que se eleva hasta el 70% en algunos países.

 

Un informe del BID da cuenta que, entre un 25% y más de un 50% de mujeres latinoamericanas, dependiendo del país donde viven, sufre algún tipo de violencia en el hogar.  Y un estudio realizado por el Banco Mundial muestra que uno de cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de salud, se debe a las manifestaciones de violencia doméstica.

 

La violencia de género afecta directamente a las niñas: millones de ellas cada año son mutiladas genitalmente. También son víctimas de la selección del sexo, los abortos forzados y el infanticidio.

 

Una de las más graves violaciones de los derechos humanos es la trata y el tráfico de mujeres y niñas que está directamente relacionado con las desigualdades de género y las causas socioeconómicas, las políticas restrictivas a la inmigración y la pobreza.

 

Según la Organización Internacional del Trabajo la trata con fines de explotación económica o sexual afecta cada año alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo. La mayor proporción de ellas son mujeres para ser explotadas sexualmente, 85% según las Naciones Unidas, y de ese porcentaje el 50% serían menores de edad. Se registran además diversos tipos de explotación como el trabajo doméstico, los matrimonios serviles, y otras formas de esclavitud.

 

Por otra parte es especialmente grave el panorama en aquellos países afectados por situaciones de conflicto armado, ya que se ha comprobado que en estos contextos las mujeres y niñas/os constituyen el mayor porcentaje de las víctimas y frecuentemente se ven obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, lo que aumenta el riesgo de abusos y violencias.

 

El acoso sexual en el trabajo es otra forma de violencia de género que implica una violación al derecho de trabajar en un ambiente digno y humano. Fortalece el estereotipo cultural del varón “productor” y de la mujer “reproductora”, reduciendo a la mujer a objeto sexual, negándole el derecho de actuar en espacios considerados masculinos y limitando su participación en el desarrollo y en su empoderamiento.

 

La magnitud del problema no es plenamente conocida por la falta de estadísticas, el ocultamiento social, la falta de leyes sobre la materia, el sentimiento de culpa y el temor de las víctimas, pero los estudios realizados indican que esta práctica es muy frecuente.

 

Las leyes contra la violencia significaron un importante avance en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y su efectivo ejercicio, y al reconocimiento por parte de los Estados para dar respuesta a las múltiples demandas de la sociedad y para su incorporación como política pública.  Sólo la mitad de los 192 países miembros de Naciones Unidas tienen leyes para castigar la violencia doméstica, mientras que el número se reduce aún más cuando se trata de leyes para combatir el acoso sexual o la trata.

 

Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de la victima.  La mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto, se deben en forma específica a su condición de mujer.  Los expertos de Naciones Unidas en la temática concluyen que “toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.

 

Desde 1993, cuando en la Conferencia Mundial de Viena los países reconocieron que los derechos de las mujeres eran parte indivisible e inalienable de los derechos humanos universales, hasta hoy hubo un largo camino recorrido. Pero a pesar de los muchos progresos a nivel de leyes y normas, todavía se está lejos de haber alcanzado el reconocimiento de la igualdad real entre mujeres y varones.

 

La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación que ha aumentado en todo el mundo a pesar de que en los últimos años ha habido mucha más difusión y análisis sobre el tema.  Nace de la estructura social y se reproduce en todos sus ámbitos, desde la propia familia hasta las prácticas institucionales, por lo que su erradicación debe ser uno de los principales objetivos de los órganos internacionales y de los Gobiernos, que deberán redoblar sus esfuerzos para crear condiciones favorables que garanticen la integridad de las mujeres y niñas y para la reafirmación de sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.

 

Contribuir decididamente en la consolidación de una cultura de igualdad de género nos permitirá avanzar en la construcción y consolidación de sociedades más justas e igualitarias para todos y todas.

 

Lic. Gabriela Adriana Moffson
Jefa de Relaciones Institucionales
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Coordinadora de la Red de Defensorías de las Mujeres de la FIO