Previo a remarcar que los precios excesivos fueron aplicados al transporte automotor en sus variantes, es decir de pasajeros y de cargas, desde el Organismo de la Constitución, su equipo técnico, concluyó que los valores cobrados en más a las empresas transportistas, incidieron negativamente en la economía de todos los formoseños, pues, los que realizaron viajes de media y larga distancia, recibieron el impacto del incremento de costos dispuesto por las empresas de transporte en virtud de las subas de combustibles y por otro lado, ningún habitante de la provincia se halla exento de los efectos del incremento de los productos básicos de la canasta básica familiar y el impacto que ha causado el fenómeno en las economías domésticas de los hogares formoseños.
Uno de los componentes principales del valor final de los insumos básicos que incide, directamente, en el incremento de los alimentos es, para los consumidores locales, especialmente, el valor flete y por lo tanto, al dispararse el precio del transporte de cargas, como consecuencia de los sobreprecios cobrados por las petroleras, tales incrementos fueron trasladados al costo final de las mercaderías y, desde esta perspectiva toda la población formoseña sufrió las consecuencias económicas negativas de la maniobra ilegal de las petroleras.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia, es denunciante de las compañías que explotan hidrocarburos en el país, por conducta oligopólica, que es la que se da cuando acuerdan fijar arbitrariamente los costos de los combustibles en el mercado.
Además, el Organismo de la Constitución, solicitó recientemente, al Ministerio de Economía de la Nación, de quien depende la Secretaría de Comercio Interior, medidas concretas que impliquen que el Gobierno Federal, actúe directamente en la actividad de producción, transporte y distribución de combustibles, actualmente manejada, de manera exclusiva y a antojo de las petroleras. La solicitud de compensaciones para los consumidores locales, viene a sumarse a estos pedidos ya realizados y que apuntan a la defensa del poder adquisitivo de los consumidores formoseños, para el sostenimiento de los precios de los productos básicos que integran la canasta familiar.-
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa
