La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a la Municipalidad de San José y al Ministerio de Seguridad Pública para que procedan con apego a la ley en el desalojo de aquellas ventas ambulantes que no dispongan de permisos para ejercer la actividad y así cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional.
Para tal efecto, la Defensoría considera necesario que, en procura de que las actuaciones policiales que se vayan a emprender resulten efectivas y a derecho, se vuelve indispensable que el personal que participe en los operativos de control de ventas ambulantes reciba las inducciones necesarias en materia de procedimientos de decomiso y aprehensión para evitar abusos de autoridad, actividades prepotentes y discriminatorias, y con ello, disturbios que afecten el diario vivir de la población que transita por los bulevares.
En una gestión elevada ante ambas instancias la Defensoría hizo énfasis en estos aspectos tomando en consideración denuncias que se han investigado en ocasiones anteriores y sobre las cuales se han girado recomendaciones correspondientes.
Es sabido que las ventas ambulantes constituyen una modalidad de trabajo informal mediante la cual las personas palian el desempleo, al cual, el Estado costarricense en su conjunto, incluidas las municipalidades, debe brindarle soluciones integrales. Siendo que el desempleo constituye una problemática de índole social su solución no está en declarar las alternativas informales de solución como “ilegales", ni en tratar de contrarrestarlo con medidas policiales represivas, pues más bien se incurre en el riesgo de incentivar la delincuencia y otras alternativas de sobrevivencia lesivas de la dignidad humana.
Es innegable que a las municipalidades compete planificar y controlar las ventas ambulantes y que la Policía debe velar por el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, sin embargo, en procura de que tales actuaciones sean respetuosas de derechos, la Defensoría considera oportuno que se informe a través de los medios de comunicación que, a partir de determinada fecha, se estará reforzando la presencia policial en las zonas en las que proliferan este tipo de ventas en los bulevares, procediendo a decomisar la mercadería de todos aquellos vendedores que no cuenten con los respectivos permisos municipales y ministeriales. Con esta medida y otras de índole conciliador se procuraría desincentivar ese tipo de actividad comercial, induciendo a los vendedores a buscar otras alternativas de trabajo formal o informal, en lo cual la coordinación con el Ministerio de Trabajo resultaría muy relevante.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica
