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Defensoría del Pueblo advierte que en abril surgieron once nuevos conflictos sociales.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 98, correspondiente al mes de abril del 2012, el cual da cuenta de un total de 243 conflictos sociales, 171 conflictos sociales activos (70,4%) y 72 en estado latente (29,6%). Es preciso señalar que Ancash (27), Puno (22), son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos sociales en el mes de abril.
Con relación a los tipos de conflictos se precisa que, del total de los casos registrados, los conflictos socioambientales ocupan el 59,7% (145 casos), le siguen los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional con 8.2%(20 casos), y los conflictos por asuntos de gobierno local, con 8,2% (20 casos).
Además, el documento brinda información sobre once conflictos sociales nuevos; siete de ellos socioambientales, dos laborales, uno por asuntos de Gobierno Nacional y otro, contra un Gobierno regional. De otro lado, se registra dos conflictos laborales reactivados.
Con relación a las competencias en la atención de los 243 conflictos sociales, por parte de entidades estatales, la principal competencia en la atención recae en el Gobierno Nacional con 157 casos (64,6%); los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son los principales responsables en la atención de 50 casos (20,5%); los Gobiernos Locales (provinciales o distritales) son responsables, por competencia, en 28 casos (11,5%).
Cabe destacar que, durante el mes de abril del 2012, 71 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 42% del número de casos activos); de ellos, 48 fueron tratados mediante Mesas de diálogo y Comisiones de alto nivel. La Defensoría del Pueblo ha participado en 22 de dichos espacios de diálogo.
Por otra parte, el Reporte de Conflictos Sociales da cuenta de dos conflictos resueltos: un conflicto Socioambiental y otro por asunto de Gobierno regional. De igual modo el reporte detalla que dos conflictos sociales han pasado del estado activo al latente; y se ha trasladado del registro principal al de casos en observación a tres casos, al no producirse hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias.
El Reporte de Conflictos Sociales Nº 98 registra 111 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el mes de abril. La Defensoría del Pueblo reitera a los manifestantes que el bloqueo de carreteras –como los ocurridos en las protestas de los mineros informales-constituye un delito grave que afecta los derechos de los ciudadanos, pues impide el normal tránsito y pone en peligro la integridad de personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, hace un llamado a abandonar este tipo de acciones delictivas que deslegitiman la protesta.
Finalmente, el Reporte da cuenta de 175 actuaciones defensoriales, de las cuales 147 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 28 de intermediación. La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a los interesados en encontrar información detallada a visitar la página del Reporte de Conflictos Sociales.(www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales).
Defensorías de Venezuela y Curazao unidas en pro de los derechos humanos
(14-May-2012) La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, se reunió este lunes con su homóloga de Curazao, Alba María Martij, con el objeto de intercambiar visiones y experiencias sobre la labor que cada una de las instituciones adelanta en materia de derechos humanos.
La Directora de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo (DdP) de Venezuela, Raizabel Díaz, informó que este encuentro forma parte de una serie de trabajos que vienen desarrollando en conjunto las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de ambos países para fortalecer sus actuaciones.
En este sentido, Díaz destacó la participación de la DdP en un evento realizado en Curazao sobre el rol de las Defensorías en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, indicó que la Defensora Martij conversó sobre el correcto funcionamiento de la administración pública, “ya que la mayoría de los casos que reciben están relacionados con ese tema”.
Durante el encuentro las defensoras acordaron continuar fortaleciendo los lazos de cooperación para lograr una protección, promoción y defensa integral de los derechos humanos. Fin / Johanna Bozo
Cuaderno Electrónico Nº. 7 2012
Monográfico sobre Derecho a la Vivienda y a la Ciudad
NÚMERO COORDINADO POR ROBERTO GOYCOOLEA PRADO, PROFESOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y GEODESIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
- Carlos Alberto Torres Tovar (
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), Arquitecto y Magíster en Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (1988, 1993). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en «Urbanística y Ordenación del Territorio» (2006). Candidato a Doctor en Arquitectura y Ciudad por la Universidad de Valladolid, España. Estudios de Doctorado en Urbanismo, Universidad Central de Venezuela (2004 - en Curso). Profesor Asociado, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Profesor de las maestrías en Hábitat -Línea de Investigación Estudios en Vivienda- y Ordenamiento Urbano Regional (2006 – actual). Líder de los Grupos de investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad” y “Hábitat y Vivienda”, reconocidos y clasificados por Colciencias. Editor general de la Revista indexada BITÁCORA URBANO TERRITORIAL del Instituto de Investigaciones de Hábitat, Ciudad y Territorio, de la Universidad Nacional de Colombia.
Vivienda y hábitat en Colombia desde una perspectiva de derechos.
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- María José Castillo Couve ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ), Arquitecta titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de diplomado en Proyectos y Gestión Urbana y en Vivienda Social. Especialista en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el tercer mundo, y candidata a doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesora de la Universidad Andrés Bello. Dirige el Laboratorio de Vivienda donde realiza proyectos de vivienda social y de mejoramiento de espacios públicos en un marco académico y profesional.
Producción y gestión habitacional de los pobladores. Participación desde abajo en la construcción de vivienda y barrio en Chile.
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- Carlos Eduardo Desagües ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ), Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia en trabajo comunitario y educación popular. Fue Coordinador de talleres de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en actividades relacionadas con la recuperación de los ex Centros Clandestinos de Detención desde el Instituto Espacio para la Memoria. Miembro fundador del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos de Villa 21 del cual es docente. Preside la Asociación Civil Conocer para Transformar.
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María Rosa Martínez ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ), Arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia en Gestión del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Directora General del Plan de Manejo del Casco Histórico, en cuyo marco se desarrollaron actividades con diferentes asociaciones, universidades y municipios de América Latina y Europa. Es asesora del Instituto Espacio para la Memoria, para el desarrollo de obras en los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, en la Ciudad de Buenos Aires.
Habitat digno y derecho a la ciudad.
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- Daniel Rolando Martí Capitanachi (
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), Arquitecto y Abogado por la Universidad Veracruzana, México; Doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor a Tiempo Completo, Titular C, Facultad de Arquitectura Xalapa, Universidad Veracruzana. Perfil PROMEP.HABITAT DIGNO Y DERECHO A LA CIUDAD.
Las garantías urbanas.
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- Heloísa Oliveira de Araujo, Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (1962), especialização em Planejamento Urbano - Uso do Solo pela Universidade Federal da Bahia (1979), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (1993), aperfeicoamento em Aspectos Técnicos e Legais do Uso e Ocupação do Solo pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (1982) e aperfeicoamento em Administração de Recursos Ambientais pela Secretaria de Planejamento de Ciência e Tecnologia (1981). Atualmente é Coordenador de Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Atuando principalmente nos seguintes temas: Uso do Solo, Urbanismo, Legislação Urbana, Planejamento Urbano.
- Rosali Braga Fernandes ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ), É graduada pela Universidade Federal da Bahia com o Bacharelado (1985) e a Licenciatura (1987) em Geografia. Possui o mestrado em Arquitetura e Urbanismo (1992) pela mesma Universidade e o doutorado em Geografia Humana pela Universidad de Barcelona (2000), Espanha. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Católica do Salvador, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano e regional, política da habitação, segregação residencial e questões urbanas da cidade de Salvador; destaca-se, também, o foco nas questões da metodologia científica e no ensino/prática sobre pesquisas científicas.
Las políticas de vivienda en Brasil.
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