A  9 años de vigencia Ley de creación del Sistema Nacional para Atención

y Prevención de Violencia contra Mujeres y Violencia Intrafamiliar

País debe fortalecer articulación para

prevenir y atender violencia contra mujeres

• En Costa Rica cada día se presentan 132 solicitudes de medidas de protección y ocurren, en promedio, 2 femicidios por mes

La Defensoría de los Habitantes sostiene que el Estado costarricense debe tomar medidas concretas para optimizar y fortalecer el sistema de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.
Considera la Defensoría que pese a que desde hace casi nueve años está vigente la Ley N° 8688, que crea el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, adolece de varios elementos básicos para mejorar su efectividad e incidencia.
Esta Ley estableció, entre otras cosas, la articulación  entre  instituciones  públicas y organizaciones privadas y no gubernamentales, con el fin de  promover políticas públicas, así como brindar, a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, atención integral que les permita mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.
No obstante, como institución que participa en los diferentes espacios que forman parte de dicho Sistema, la Defensoría de los Habitantes considera necesario subsanar algunos vacíos para mejorar su efectividad, a saber:

1. Ausencia de socialización de las decisiones o línea de trabajo que emite el Consejo Nacional como órgano político superior del Sistema (conformado por ocho instituciones y presidido por el INAMU), a los restantes espacios de trabajo de la estructura organizativa del Sistema Nacional.

La Comisión de Evaluación del sistema evidenció que durante varios años no se enviaban las actas del Consejo, así como que éstas no permitían dar seguimiento a los acuerdos que se tomaban y mucho menos evaluarlo.

2. Escasa participación de organizaciones privadas no gubernamentales y sociedad civil en las distintas instancias que conforman el Sistema Nacional y de estrategias eficientes para su convocatoria y perma­nencia de ellas. En la actualidad no es mayor a tres el número de organizaciones Civiles que integran el Sistema, evidenciándose una institucionalización del espacio.

3. Necesidad de fortalecer la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, que no sea un recargo a las funciones ordinarias de un área administrativa del INAMU.

La  Secretaría Técnica del Sistema Nacional recae actualmente en el área de violencia del INAMU, siendo que en la actualidad el sistema requiere de mayor personal y tiempo para poder cumplir con las demandas que las instituciones, la sociedad civil y en especial de las mujeres.

4. Se adolece de un plan de acción de la Política Nacional del Sistema, ya que el último Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), abarcó el período 2010-2015.

La Defensoría no desconoce que el INAMU ha realizado esfuerzos para contar con un  nuevo PLANOVI; sin embargo, al día de hoy no se tiene una fecha probable, ni se sabe cuáles serán los parámetros que se tomarán en cuenta para su ejecutoriedad, medición y evaluación.

Cabe destacar que ya en el año 2011, el Comité de la CEDAW instó al Estado costarricense a que “estudie los efectos y la efica­cia de la respuesta del sistema nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, con el fin de mejorar la coordinación entre todas las instituciones que prestan asistencia y apoyo en los casos de violencia doméstica”.
La Defensoría ha insistido en que la elaboración de políticas públicas deben ir acompañadas de planes de acción que sean viables, medibles y con contenido presupuestario, que efectivamente incidan sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, por día se presentan 132 solicitudes de medidas de protección y ocurren 2 femicidios por mes. Lamentablemente, la cifra por mes ya fue superada este 2017; según información suministrada por la Sub-Comisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio, ya que al 2 de junio se registraron 16 mujeres víctimas de femicidio.

Al respecto la Defensoría ha señalado la urgente necesidad de evaluar la aplicación de la Ley de Penalización contra la Mujeres a fin de diagnosticar sus nudos, con especial énfasis en el delito de femicidio de manera que se reforme el artículo 21 ampliando el tipo penal a lo establecido en la Convención de Belén Do Pará.

Fuente: Oficina de Prensa/ Defensoría de los Habitantes