El Defensor del Pueblo ha enviado a la Secretaría de Estado de Energía once recomendaciones para que sean estudiadas y tenidas en cuenta en el futuro reglamento que desarrolla el Real Decreto-Ley 7/2016 sobre el bono social eléctrico.

La Institución considera que el suministro eléctrico es esencial para una vida digna, e imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la alimentación, la educación y la salud. Por ello, las políticas de suministro eléctrico deben tener en cuenta, muy especialmente, a las personas vulnerables y ha insistido en la definición del concepto de consumidor vulnerable con criterios de renta.

Las recomendaciones tienen como objetivo, entre otros, el desarrollo normativo del bono social, reforzar la protección de los consumidores más vulnerables ante los cortes de suministro eléctrico, especialmente cuando afecten a niños, personas con discapacidad y otras personas vulnerables.

El Defensor del Pueblo recomienda establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte de suministro, para evitar que personas en situación de vulnerabilidad se queden sin electricidad.

Estas recomendaciones son el resultado de las conclusiones de la Jornada “Medidas para la Protección de los Consumidores Vulnerables en Materia de Energía Eléctrica”, organizada por la Institución el 29 de marzo con responsables de las administraciones públicas, expertos en la materia, representantes de las empresas eléctricas y asociaciones de consumidores.