La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC) considera que el decreto presidencial que promovió cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información (LAI) para ampliar el número de personas autorizadas a decidir sobre el secreto de datos públicos viola la Constitución Federal. Sostiene que impacta en el control social y en el combate a la corrupción. Y destaca que afecta principios legales de participación, transparencia y control de la gestión pública.

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