En ese período, la institución centroamericana gestionó más de 500 mil denuncias. Además, desplegó una ardua labor de promoción y divulgación de derechos a lo largo y ancho del país.

Desde que abrió sus puertas, hace 25 años, la Defensoría de los Habitantes intervino en unas 500.000 denuncias presentadas por personas que sintieron que sus derechos fueron violentados por parte de las entidades del Estado y/o investigaciones de oficio.

En estas más de dos décadas, la Defensoría ha propiciado que las instituciones públicas respondan efectiva y rápidamente a las solicitudes de los y las habitantes, de manera que la satisfacción de las necesidades de las personas sean el norte y la verdadera razón de ser del sector público.

Para la Defensoría, es vital que las y los habitantes conozcan sus derechos y cómo defenderlos, es por ello que desde que nació, el 1° de octubre de 1993,  de la mano de Rodrigo Carazo Zeledón; ha realizado una ardua labor de promoción y divulgación de derechos incluso más allá del Gran Área Metropolitana, atendiendo a las personas en sus comunidades, filosofía que aún permanece.

En estos 25 años la Defensoría ha sido la voz de muchísimas personas que han confiado en su defensa y protección. Algunos de los casos más emblemáticos tienen que ver, por ejemplo, con las y los pacientes sobreirradiados del Hospital San Juan de Dios, donde la Defensoría, liderada en su oportunidad por Sandra Piszk, logró las acciones necesarias para la reparación de los daños de las personas afectadas, así como las medidas para garantizar la no repetición de esta tragedia.

Otra de las banderas que ha levantado la Defensoría, es la lucha incansable por la defensa de los derechos de las personas indígenas. Durante la gestión de José Manuel Echandi se señaló continuamente el incumplimiento histórico del Estado por la no recuperación de tierras para comunidades indígenas. También se denunció el reiterado irrespeto al derecho de consulta a los pueblos indígenas y el rezago en la calidad de la educación y el acceso a los sistemas de salud.

Asimismo, durante su existencia, la Defensoría ha sostenido una férrea defensa del acceso a los servicios esenciales, especialmente por parte de las poblaciones vulnerables y las comunidades rurales. Un caso que marcó la gestión de Lisbeth Quesada como Defensora fue precisamente la lucha por el agua en la comunidad de Sardinal de Puntarenas.

Aunque desde su nacimiento, la Defensoría, ha impulsado acciones para el fortalecimiento de nuestro Estado democrático de derecho que garantice a sus habitantes, sin discriminación alguna, la libertad, la dignidad, la igualdad y la justicia; la Defensoría durante el período de Ofelia Taitelbaum, luchó por el reconocimiento de los derechos de la población sexualmente diversa e intervino para que no se llevara a cabo un referéndum que pretendía consultar a la mayoría un proyecto de ley en favor de la unión civil entre personas del mismo sexo, quedando claro que este importante instrumento de consulta no puede ser llevado en casos relacionados con Derechos Humanos.

En estos 25 años, también se ha trabajado en favor de los derechos humanos de las mujeres en temas como el acceso a la técnica de Fertilización In Vitro, la lucha contra la violencia obstétrica en hospitales; y los derechos laborales de las mujeres embarazadas.

Sobre la implementación de la técnica de reproducción asistida, durante la gestión de Motserrat Solano, la institución dio seguimiento a la implementación de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica a través de informes y capacitación al personal judicial.

Más recientemente, se reforzó el trabajo de análisis de las políticas públicas destinadas a la lucha por la eliminación de la pobreza, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para fortalecer o corregir las acciones estatales en este campo, con el propósito claro de enfrentar la creciente desigualdad que afecta la vida de muchas personas.

Hoy, 25 años después de que abriera sus puertas, la Defensoría ha alcanzado una madurez institucional que impone la necesidad de generar nuevas estrategias que, no sólo hagan sostenibles las acciones institucionales, sino que además potencien y estimulen la generación de nuevas estrategias de intervención que refuercen la incidencia en la satisfacción de los derechos e intereses de los y las habitantes ante los retos contemporáneos.

Oficina de Prensa. Defensoría de los Habitantes