Ombudsman hondureño:

• Considera que es muy importante que la mora judicial termine ya que se estima que,  al 2016, los centros de privados de libertad albergaban alrededor de 17,544 personas, de las cuales, el 55% están en condición de procesados, mientras que el 45% ya fueron sentenciadas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres,  declaró hoy que los centros penales en Honduras reflejan la seria vulneración a los derechos humanos que  afecta a los privados de libertad.

En su criterio, el sistema carcelario en el país debe mejorarse porque no está cumplimiento con  la finalidad para la cual fue establecida.
Los centros de privados de libertad en Honduras se han caracterizado por el hacinamiento, la carencia de los medios de rehabilitación, el desentendimiento del Estado, la introducción de armas, drogas y licores, fugas y un régimen disciplinario en manos de algunos internos, que ha provocado enfrentamientos y muerte entre los mismos reclusos.

Cada vez que las autoridades realizan operativos en las celdas, es común que encuentren armas de todo calibre, machetes, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y diferentes tipos de droga.

El CONADEH constató, en las más de 300 inspecciones realizadas en los centros penales, durante el 2016, que la situación poco ha cambiado y su problemática tiende a agudizarse.

Es del conocimiento público la participación de privados de libertad en actividades del crimen organizado, como extorsiones, secuestros, sicariato, entre otros, demostrando la mala gobernanza que es incompatible con la normativa nacional e internacional.
Según Herrera Cáceres, el sistema penitenciario no ha  respondido a los requerimientos establecidos en los estándares básicos del Sistema de  las Naciones Unidas.
Indicó que se necesitan instrumentos educativos que posibiliten, a los reclusos, un oficio  o una profesión que les permitan vislumbrar  nuevas opciones de bienestar al momento de recuperar su libertad.
Cuestionó que la situación de hacinamiento, el abandono en aspectos de salud, alimentación limitada y el control interno de las prisiones, por parte de los mismos internos, se constituye en una acumulación de males, que  hoy trata de atenderse mediante la creación de un sistema penitenciario que ya está vigente pero que necesita implementarse.

El Defensor del Pueblo considera necesario que el sistema penitenciario sea manejado por personal que esté debidamente imbuido  del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de aquellas personas  que han sido privadas de su libertad.
“Todo  el sistema penitenciario tiene que ser manejado por personas capacitadas, no únicamente para supervisar las instalaciones físicas sino, fundamentalmente, para  tratar al ser humano que se encuentra en las instalaciones físicas”, puntualizó.
Consultado  en torno a que si las instalaciones de los centros de máxima seguridad cumplen con los estándares internacionales, respondió estos deben verse no solo por las instalaciones físicas sino que por el  tratamiento que se da, al privado de libertad, dentro de las mismas.

Hemos sostenido  que las cárceles de máxima, media o mínima seguridad, deben ser para aquellas personas que necesitan, por su grado de peligrosidad, ser llevadas a ellas pero previamente individualizados los casos, es decir, conociendo el por qué  representa ese riesgo tanto para los demás internos como para el resto de la sociedad.

Mora judicial es del 55%
En lo que respecta a la mora judicial, expresó que es un tema que viene abordando desde el 2014 con la anterior Corte Suprema de Justicia, además, en el 2016, fue invitado como observador del Plan contra la mora judicial que impulsa ese poder del Estado.

Creemos que es muy importante que la mora judicial termine especialmente porque existe un mayor porcentaje de personas privadas de libertad sin sentencia.
Se estima que al 2016, los centros de privados de libertad albergaban alrededor de 17,544 personas, de las cuales, el 55% están en condición de procesados, mientras que el 45% ya fueron sentenciadas.

De los 9,675 procesados, por diferentes causas, el 72% están en un rango de edad que va desde los 18 hasta los 35 años.

De acuerdo a los datos desglosados 1,298 privados de libertad en su condición de procesados están en un rango de edad entre los 18 y 20 años; 2,445 entre los 21 y los 25 años; 1841 entre los  26 y los 30 años.

En lo que respecta a los privados de libertad que fueron objeto de sentencia, se estima que de los 7869 sentenciados, hasta el 2016, el 63% su rango de edad está determinada entre los 18 y los 35 años.

Foto tomada de: La Prensa.hn