PERÚ: Defensoría del Pueblo propone medidas concretas para enfrentar serios problemas que afectan a los juzgados constitucionales de Lima

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, instó hoy a las autoridades judiciales a adoptar las medidas necesarias parar superar los problemas que tienen que enfrentar las personas para obtener la protección efectiva de sus derechos fundamentales a través del proceso de amparo al cual recurren, en su gran mayoría, adultos mayores para contar con una pensión y tener derecho a la seguridad social.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 172 «Estudio del proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima: fortaleciendo la justicia constitucional», manifestó que 3 años, en promedio, dura un amparo en contraste con su principal característica de ser un proceso de tutela urgente de los derechos fundamentales. “Esta situación se torna más grave si se tiene en cuenta que el 51% de personas que acuden a este proceso son adultas mayores para acceder a una pensión y a la seguridad social”, anotó Vega.

Asimismo, el funcionario mostró su preocupación por el alto número de demandas de amparo presentadas contra entidades del Estado. El informe ha permitido identificar que el 88% de demandas de amparo fueron presentadas contra el Estado, siendo la Oficina de Normalización Previsional (ONP) la entidad más demanda. Le siguen, el Poder Judicial y los sectores Interior y Defensa.

Manifestó también que las condiciones de sobrecarga procesal de los juzgados constitucionales afectan su trabajo. Desde su creación -año 2009- hasta el 2014 estos juzgados recibieron 89,278 nuevas demandas. El 2014 un juzgado constitucional del Distrito Judicial de Lima registró, en promedio, 3 mil 314 expedientes en trámite y en ejecución, pese a que la carga máxima establecida por el Poder Judicial es de 1mil 105 expedientes.

Frente a esta situación exhortó a las autoridades del Poder Judicial a implementar todas las medidas que se requieran para que el amparo sea realmente un mecanismo de tutela urgente de derechos. Asimismo recomendó el incremento del número de juzgados constitucionales y el establecimiento progresivo de Salas Constitucionales en la Corte Superior de Justicia de Lima, con las condiciones de personal, logísticas y de especialización necesarias para su adecuado funcionamiento.

Por otra parte, exhortó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a tomar las medidas necesarias para que el derecho a la pensión sea reconocido a las personas sin que tengan que recurrir a la vía judicial, y que cuando se recurra a ella, se remita el expediente administrativo previsional o su copia fedateada con la contestación de la demanda, evitando así dilaciones innecesarias.

Finalmente, Vega reiteró su disposición de colaborar con las autoridades estatales a fin de avanzar de modo firme en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas.

FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Perú

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