La Provedora de Justiça de Portugal, María Lúcia Amaral, concluyó los procesos de indemnización de los familiares y herederos de las cinco víctimas mortales del derrumbe de la carretera Municipal 255, ocurrida el 19 de noviembre de 2018, en el municipio de Borba. Fueron 19 los que presentaron las solicitudes de indemnización y todos ellos aceptaron las propuestas presentadas por el Provedor.

Recibidos los términos de aceptación de los familiares de las víctimas, éstos fueron enviados, en la primera semana de junio, al Primer Ministro para que éste proceda al pago.En su totalidad, las indemnizaciones a pagar por el Estado rondan los 1,6 millones de euros. En el caso de los accidentes de trabajo, se añade la pensión debida por la respectiva aseguradora.

En su calidad de titular del órgano del Estado independiente que defiende los derechos de los ciudadanos, Provedora de Justiça aceptó la petición del Primer Ministro para conducir el proceso de indemnización de las familias de las víctimas del derrumbe de la Carretera Municipal 255, en el marco de un mecanismo extrajudicial, de adhesión voluntaria.

A raíz de esta decisión, el 9 de enero se publicó en el Diario de la República la resolución del Consejo de Ministros que atribuyó a la Provedora de Justiça las tareas de establecer los criterios de indemnización hasta el 31 de enero de 2019, de fijar los plazos y procedimientos necesarios para acceder a las indemnizaciones y determinar los importe que debe pagarse en cada caso concreto.

Por razones de equidad y con las debidas adaptaciones, la Provedora de Justiça decidió que las indemnizaciones se calcularían siguiendo de cerca los criterios fijados en el reciente proceso de los familiares de las víctimas de los grandes incendios de 2017.

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