El pasado 26 de junio se registraron movimientos militares inusuales en las inmediaciones de Plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, sede del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. El presidente denunció a través de sus redes sociales la presencia de “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano” y enfatizó que “la democracia debe respetarse” (SIC).

Desde esta Federación, advertimos sobre el grave riesgo que corre la democracia en Bolivia y hacemos un llamado urgente a todos los actores sociales y políticos a proteger, por encima de cualquier otro interés, el estado de derecho, la constitucionalidad y el sistema democrático en el país.

Queremos recordar que, conforme a los Artículos 245 y 246 de la Constitución Política del Estado boliviano, las Fuerzas Armadas no tienen competencia para deliberar ni intervenir en asuntos políticos. Es imperativo que se cumpla y respete esta disposición fundamental para mantener la estabilidad democrática. Este principio se encuentra también respaldado en el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y en los Artículos 4 y 19 de la Carta Democrática Interamericana.

De acuerdo con las noticias publicadas, la situación actual genera preocupación por la posible afectación de la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Las acciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse estrictamente a lo establecido en la Constitución para evitar una crisis política y social.

Por todo ello, el Consejo Rector de la FIO:

1. Manifiesta su profunda preocupación y rechazo por los movimientos militares inusuales registrados en Bolivia y el riesgo que representan para la democracia y el estado de derecho.
2. Hace un llamado vehemente a todo el pueblo de Bolivia para hacer respetar la Constitución Política del Estado, de manera a fortalecer el sistema democrático.
3. Expresa su total solidaridad con la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y con el pueblo boliviano, condenando cualquier acción que atente contra el sistema democrático.
4. Insta a la comunidad internacional y a las instancias de Derechos Humanos a observar de cerca esta situación y tomar medidas para respaldar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Bolivia.
5. Refuerza y valoriza las actividades llevadas adelante por la Defensoría del Pueblo de Bolivia en defensa del orden constitucional y el Estado de Derecho.