En el marco de los trabajos de la XXVII Asamblea General y XXVI Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), se realizó la reunión de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas, en la que se destacó la necesidad de analizar y apostar por medidas de prevención enfocadas en combatir la inseguridad, la pobreza y el desempleo, factores que obligan a algunas personas que las padecen, a renunciar a su derecho a no migrar de sus países.

En la reunión se dio lectura al Informe de Actividades que, durante 2022, llevaron a cabo las Defensorías nacionales y locales. La Red dejó de llamarse “de Migración y Trata de Personas” para denominarse “Red de Movilidad Humana y Trata de Personas”; se resumieron los pormenores para la organización y el desarrollo de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, que tuvo lugar en Quito, Ecuador.

Durante 2022 la Red trabajó en la actualización del Protocolo para la Prevención y Respuesta a Violaciones o Posibles Vulneraciones de Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana Internacional. Cooperación e Intercambio Transfronterizo de Información, cuyo antecedente es el Protocolo de actuación para la protección de los Derechos Humanos de las personas en contexto de migración, publicado en 2016.

En la Reunión de la Red participaron, tanto de manera presencial como en modalidad virtual, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, la Defensoría del Pueblo de la República Dominicana, la Defensoría del Pueblo de Panamá, la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay, la Defensoría de la Ciudad de Río Cuarto, Argentina; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y el Oficial de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).