Durante el panel “La sostenibilidad como eje de la transformación social, el desarrollo inclusivo y el ambiente sano”, en el marco del Congreso de la Federación Ibearoamericana del Ombudsperson 2023, el vicedefensor del Pueblo de Colombia, Luis Andrés Fajardo, enfatizó sobre la importancia de hablar acerca de sostenibilidad, medio ambiente y su relación con los derechos humanos.

Sostuvo que Latinoamérica conserva el 40% de la biodiversidad del mundo, sin embargo, los fenómenos derivados del cambio climático, dijo, principalmente los modelos económicos que se han enfocado en ser extractivistas, la han afectado.

El Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, a su turno, indicó cómo el cambio climático está generando nuevas olas migratorias: “Hay cuestiones climáticas que han generado afectaciones y vulneraciones a los derechos fundamentales de la población. El cambio climático o la migración por el cambio climático es algo que afecta en todo el mundo y no hay que ir hasta África para ver esta problemática. El Darién es un ejemplo”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, María del Rosario Piedra, habló sobre la transformación de los modelos económicos. Aseguró que es fundamental ser congruentes con el accionar de las instituciones que velan por la garantía de los derechos de las personas.

Durante la sesión, los ponentes acordaron que los recursos de los entes protectores de los derechos deben ir dirigidos a generar acciones conjuntas para que haya una visibilización de todo lo relacionado con la defensa de los derechos fundamentales y el medio ambiente.

La necesidad de reconocer y proteger los derechos que tienen las comunidades indígenas, afros y raizales, las cuales han desempeñado un papel importante en la conservación de los territorios, con el fin de aportar a la conservación del medio ambiente, fue el mensaje del vicepresidente de Conservación Internacional, Fabio Arjona.

El Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Brasil, Carlos Alberto de Vilhena Coelho, fue muy claro al decir que los costos jurídicos y económicos que deben asumir las empresas o personas que atentan contra los recursos naturales no se pueden equiparar debido al alto daño que estos representan. Estos costos contra la sostenibilidad y los recursos naturales atentan contra los derechos de muchas comunidades.

Por otro lado, el Defensor Público General Interino de la Unión de Brasil, Fernando Mauro Barbosa de Oliveira, especificó que hay dos formas de trabajar. Primero, la inclusión de voces para evitar las injusticias sociales que generan mayores destrucciones a los ambientes naturales.

Segundo, la necesidad de difundir las buenas prácticas ambientales, prácticas que aumentan el trabajo conjunto entre los gobiernos y las comunidades, especialmente desde la educación. Más diálogos sobre derechos humanos y protección al medio ambiente, con el fin de seguir promoviendo la agenda de los derechos fundamentales de las comunidades; es decir, seguir trabajando en educación, reducción de la pobreza y una visión que genere una cultura en protección de los derechos, fue una de las conclusiones del panel.

Implementar acciones para respetar la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo de las comunidades fue otra las conclusiones.