Un paso fundamental para el desarrollo de los mecanismos de atención de las víctimas y ciudadanos dentro de un Estado Social de Derecho es reconocer el respeto por la dignidad humana y el acceso permanente a la protección institucional de los derechos inherentes a las personas, así como los instrumentos para equilibrar el ejercicio del poder y garantizar la vigencia de los mismos. Por esta razón, la Ley 24 de 1992 estableció la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo teniendo como base los principios otorgados por la Constitución Política de Colombia de 1991, así como lo relacionado con la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.
Desde su creación la Defensoría del Pueblo de Colombia ha venido cumpliendo con sus objetivos, ejerce con independencia la magistratura moral, asegurando su imparcialidad. Con el compromiso de promover una cultura de los derechos humanos, la entidad continúa generando muchas expectativas en la población por su gestión, que la coloca en el segundo lugar de los cambios exitosos en la norma fundamental (1991).
La actividad de la Defensoría del Pueblo es pública, alenta la participación de las comunidades y consigue un acercamiento ágil, es facilitador de espacios de contacto y de soluciones a los conflictos que surgen de la relación entre el ciudadano y el Estado. A esta instancia generalmente acuden personas de todas las condiciones sociales y económicas, pero en especial aquellas que carecen de los recursos o medios necesarios para solucionar sus problemas.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA

Publicaciones FIO

Descargar documento