La compleja situación de conflicto armado, emergencia humanitaria y debilidad de la capacidad estatal, se expresa en limitaciones recurrentes para el goce efectivo de
los derechos a la vida, salud, alimentación, educación, justicia y vivienda digna, elementos clave para la calidad de vida de los habitantes de Colombia.
Para la Defensoría del Pueblo estos hechos elevaron la demanda de servicios especializados, llegándose a experimentar falta de personal para hacerles frente.
En su inicio, en la década del noventa, la Defensoría contaba con una pequeña estructura nacional orientada a los grandes procesos de planeación como la formulación de lineamientos misionales y de asesoría al despacho del Defensor del Pueblo, así como diversos servicios al ciudadano en materia de promoción, ejercicio, divulgación y prevención de derechos humanos.

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