Al asumir la presidencia de la FIO, cargo con el que se me honrase en el año 2001, entre muchos otros objetivos, nos impusimos también el desafío de elaborar un informe anual que contuviera
la experiencia de cada uno de los miembros de la Federación, particularmente en materia de defensa de los derechos humanos.
Está probado que nuestras instituciones son, antes que nada, las oficinas defensoras por excelencia de esos derechos. Y una manera de enriquecer el debate sobre los mismos, de ampliar su conceptualización y promoción general, es conocer el grado de adhesión y respeto que por ellos se tiene en cada una de las regiones y países que integran nuestra organización.

De ahí deviene la importancia de este primer informe anual que aspira a comprender y difundir a través de sus páginas, por primera vez, la posición que, frente a diversos problemas, a violaciones
concretas de los derechos humanos, hemos adoptado los Ombudsman de Iberoamérica.

En este sentido es auspicioso que el primer tema elegido sea, justamente, el dilema migratorio. Porque precisamente es este asunto, que trasciende fronteras, gobiernos y leyes, el que afecta
de manera más directa a muchos ciudadanos de los países pobres o empobrecidos. Personas que, a pesar del desarraigo a su tierra natal, a sus afectos y a su identidad, deben migrar en la búsqueda de condiciones que le permitan garantizar su subsistencia.

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